EL PROCESAMIENTO DE JUAN CARLOS BLANCO

Montevideo, 18 de octubre de 2002
Vistos y considerando:
1ro. De autos surgen elementos de convicción suficientes para entender que el Sr. Juan Carlos Blanco Estradé está incurso como coautor, en un delito de Privación de libertad muy especialmente agravado.

leer más

2do. De acuerdo a los documentos de los expedientes traídos a la vista y los que acompañan la denuncia, la Sra. Elena Cándida Quinteros Almeida, hacia julio de 1976 tenía treinta y un años de edad, era titulada como maestra aunque no ejercía su profesión por habérsele impedido las autoridades de la época. Anteriormente, el día 16 de setiembre de 1967, esta Sede (la cuya denominación era Juzgado de Instrucción de Primer Turno) la detuvo en averiguación de su asistencia al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y al otro día la puso en libertad. Luego, el 31 de octubre de 1969, se le detuvo junto a otras personas, en un allanamiento efectuado en la finca Calderón de la Barca Nº 1953, donde se ocuparon efectos aptos para la fabricación de explosivos. Fue enjuiciada por el delito que emergía de su asistencia al grupo político antes mencionado y privada de su libertad, hasta el día 16 de octubre de 1970. Surge de autos además, que se la detuvo en averiguaciones y liberada por autoridades policiales, en setiembre de 1972. En junio de 1975, el Consejo Nacional de Educación tomó la resolución antes referida. Existe una versión policial, que no ha sido respaldada documentalmente, según la cual, había egresado hacia República Argentina en el mes de enero de 1976. Ello estaría en contradicción con lo informado en el documento testimoniado en el expediente tramitado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Anexo IV, fojas 370, de donde se desprende que desde el 8 de mayo de 1975 se había cursado una requisitoria de "captura de carácter nacional por su vinculación a la subversión". Efectivamente, ello hubiere imposibilitado la salida registrada del país de una persona que estuviera requerida.
3ro. Hacia junio de 1976 estaba detenida por funcionarios de las fuerzas de seguridad que operaban en la época en forma conjunta. En algún momento, que no se ha podido precisar, ideó una posible escapatoria a su situación. El plan consistía en hacer creer a sus captores que tendría un contacto con otro integrante de una organización clandestina, en las cercanías de Bulevar Artigas y Avenida Rivera, de esta ciudad. En la mañana del día 24 de ese mes, se dispuso un operativo para la detención de esta otra persona, dejando sola por unos momentos a la Sra. Quinteros. Ella emprendió a caminar en dirección a la Embajada de la República de Venezuela. Ingresa a una finca contigua, salta el muro lindero hacia la representación profiriendo gritos de "asilo". Sus captores a su vez, ingresan al predio, se traban en lucha con funcionarios de la Embajada que, alertados por los gritos, pretendieron retener a la mujer. La Sra. Quinteros alcanzó aportar el dato de uno de sus captores: "es Cacho del Departamento 5", en clara alusión al Departamento de Inteligencia del Ministerio del Interior que lleva ese número. Finalmente, es sacada por la fuerza de la Sede Diplomática, llevada a un automóvil marca Volkswagen que arranca a contramano por Bulevar Artigas, siendo perseguidos por dos funcionarios de la Embajada. A cierta distancia del lugar, Elena Quinteros es subida a una camioneta militar que la lleva con destino hasta hoy desconocido.
No habiéndose aclarado aún los hechos que motivaran la desaparición física de la Sra. Quinteros, lo relatado en este y en el anterior numeral, son en parte, producto de la lectura de los informes parlamentarios publicados por el Diario Oficial, que acompañaron la denuncia y de las actuaciones judiciales ya clausuradas. De cualquier modo, como señala la Fiscalía, los hechos que motivaron la desaparición de Elena Quinteros fueron cometidos por funcionarios militares o policiales, equiparados o asimilados por móviles políticos, ya que el Poder Ejecutivo así lo determinó. De los antecedentes del caso obran solicitudes de la Justicia Militar a favor de declinar competencia ante ella, lo que confirma la intervención castrense en el episodio. A los efectos de esta Resolución, estas circunstancias reunidas, coadyuvan a entender que existen elementos de convicción suficientes de los hechos hasta aquí relatados.
4to. Los siguientes hechos surgen probados de la documentación integrada al expediente administrativo llevado adelante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, del interrogatorio del indagado y de la prueba testimonial vertida en autos. Siendo en aquella época, titular de esa cartera el Sr. Blanco, el Embajador de la República de Venezuela, Sr. Julio Ramos, se presenta en la Cancillería en la misma mañana de los hechos, a denunciar lo ocurrido. No se encontraba en esos momentos el Ministro Sr. Blanco, por lo que da a conocer los hechos ocurridos en el jardín de la residencia, al Sub Secretario, Dr. Guido Michelín Salomón. Se hacen consultas al Ministerio del Interior desde donde se les dice que no hay noticias de tal episodio. Ante la insistencia de la Representación Venezolana, se convoca a una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores por parte del Sr. Blanco y a la que concurren el Sub Secretario Dr. Michelín Salomón, el asesor de la Cancillería, Dr. Alvarez y el Dr. Julio César Luppinacci (Embajador del Uruguay en Venezuela quien vuelve con urgencia).
En esa reunión, se dispone por el Canciller la realización de un memorando a presentar a autoridades del gobierno analizando las ventajas o desventajas de la entrega de quien identifican como "la mujer". Luego de detallar cada una de ellas, culminan por recomendar la entrega y sugieren la explotación publicitaria de ese acto.
Se convoca a una reunión en la que habrían estado presentes los jerarcas Ministros del Interior y Defensa, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Sr. Blanco y los antes mencionados. El acto concluye aparentemente, sin ninguna interacción. Los funcionarios de la Chancillería apenas comienza la reunión reciben la afirmación por parte de los militares que Elena Quinteros no está detenida en ninguna dependencia. Esta respuesta, según declarará más tarde Blanco ante este tribunal, le llevó a sostener que ninguna autoridad uruguaya había detenido a Elena Quinteros. Impartió instrucciones en el sentido señalado para que las representaciones nacionales por el mundo, difundieran como la respuesta del Uruguay, el desconocimiento de lo denunciado.
Según señaló el propio Blanco, tomó conocimiento del nombre de Elena Quinteros a raíz de las actuaciones de funcionarios de la Embajada Venezolana quienes interrogaron a los suegros de la maestra. Luego estos fueron interrogados por funcionarios militares uruguayos y ello motivó la expulsión del Embajador de la República de Venezuela y del Consejero Becerra por intromisión en nuestros asuntos internos. En las mismas horas, la República de Venezuela suspende relaciones con la nuestra.
Debe decirse que existe semiplena prueba de estos hechos, en el sentido que el Sr. Blanco, como Canciller de la República, estaba por demás enterado de la denuncia de secuestros, detenciones y desaparición de personas en el Uruguay.
De autos surge además, que el día 7 de julio Amnesty International, a través de su Sección Suecia, hacía saber a la Embajada Uruguaya que pedían que los derechos humanos se respetaran en Uruguay y que Elena Quinteros fuera reintegrada nuevamente (Anexo 3, fojas 437). Al otro día, el 8 de julio de 1976 el periódico inglés "The Guardián", daba cuenta del episodio tal como fue redactado más arriba y denunciaba la situación de personas torturadas y amenazadas en Chile, Argentina y Uruguay, que involucraban a ciudadanos de estas tres naciones (fojas 348 del anexo 3). El día 12 de julio de 1976, la agencia AP desde Bruselas señalaba que, según la Federación Internacional de Sindicatos Libres, en Uruguay había una represión política sistemática (fojas 392 de igual Anexo). El mismo día en Estocolmo, el Consejo Sueco para Refugiados solicitaba a la Embajada del Uruguay que se restituyera a la Sra. Quinteros y agregaba que unía su voz a la de todos aquellos "organismos y hombres dignos de esta tierra para que en el Uruguay se respete la vida y los derechos de la persona" (fojas 435 del Anexo 3). El día 14, cables de las Agencias UPI, AFP, AP anunciaban desde Londres que Amnistía Internacional denunciaba la tortura y muerte de varias personas en Uruguay y Argentina, identificándolos por nombre, edad y profesión. Incluso detallaron los procedimientos de dar muerte (fojas 386, 387 de igual Anexo).
Se hizo referencia a estas publicaciones, entre otras de igual tenor, pues todas ellas emergen de documentos 0que manejaba el Ministerio de Relaciones Exteriores en esa época. Por tanto, el entonces Canciller, sabía perfectamente la discordancia entre las afirmaciones de quienes ejercían el mando y lo que se denunciaba en el mundo, más precisamente, en una serie de naciones de fuerte tradición democrática. En otras palabras, sabía por fuentes que van más allá de la ola de rumores que sacudió Montevideo en aquellos días sobre el terrible destino de la Sra. Quinteros (hecho notorio), que el mundo entero sostenía la verdad que a lo largo de los años se fue confirmando, hasta ser ratificada por el propio Sr. Blanco en esta indagatoria: la desaparición forzada por los órganos de represión de la Sra. Quinteros.
Por ello, con los respetos debidos, no resulta creíble que trasladado el tema a los mandos militares, bastaba que estos dijeran (como presumiblemente le iban a decir al Sr. Blanco) que ellos no tenían detenida a Quinteros, para que, con esta afirmación, indiscutida e indiscutible, el indagado concluyera que era así. Tenía otra fuente de conocimiento que era la versión de los funcionarios extranjeros, a partir de la cual, se redacta el memorando en cuestión. Además, en el mes de julio de 1976, recibió de las Embajadas Uruguayas los cables antes referidos lo cual le daba, al menos, la posibilidad de dudar de lo que había ocurrido con Quinteros.
A pesar de las manifestaciones del indagado en el sentido que ni sospechaba que la Sra. Elena Quinteros hubiera sido detenida por funcionarios uruguayos, si se aprecia el texto del memorando, se verá que de ningún modo pensó de esa forma. Efectivamente, en el mismo se decía: "...No puede persistirse en la posición de alegar que la acusación venezolana carece de elementos de juicio ante las determinaciones concretas de datos contenidos en la última nota de Venezuela".
Se considera pues que la realidad que asumió, la que puede asumir hoy y la que debió asumir siempre, es que los mandos de la época habían procedido a la detención de la maestra y para ocultar el error forzado por Quinteros, debían negar que la tenían y hacer desaparecer cualquier rastro de ella. Dos vías tuvo el Sr. Blanco para elegir. La que optó fue cooperar a propagar la verdad formal que se le decía, colaborar con los captores e instruir al cuerpo diplomático para que salieran al mundo a decir que quienes mentían eran los funcionarios extranjeros. En ese sentido se expresa la Circular 12 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 15 de julio de 1976 que, bajo el rótulo "Instrucciones Secretas" culminaba atribuyendo responsabilidad al Embajador Ramos. (Véase Anexo I, Libro 1, fojas 76).
Otro acto que supuso la colaboración con las personas que privaban la libertad de la Sra. Elena Quinteros lo constituye el libramiento de un comunicado de prensa el 6 de julio de 1976, por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores a su cargo, desvirtuaba hechos y atribuía responsabilidad en el episodio al Embajador Ramos (Anexo I).
Lo más relevante para el caso desde el punto de vista penal, es que la colaboración antes detallada, practicada en el Uruguay de 1976, suponía además, echar la suerte de la Sra. Elena Quinteros hacia un final presumiblemente trágico.
5to. Los hechos relatados encuadran típicamente en el delito de Privación de libertad muy especialmente agravado pues el hecho obedece "...a móviles políticos o ideológicos". La participación del indagado fue la de coautor pues hubo una cooperación directa en el período de la consumación. Como se dijo antes, se trató de una cooperación material, al llevar adelante, como cabeza de la Cancillería, un plan para distorsionar los hechos, negando la realidad.
6to. La Defensa ha insistido sobre la muerte de la Sra. Quinteros. Incluso en su fundado escrito lo ha resaltado una y otra vez, hasta con subrayados y negritas (y cito textual) "...los elementos de convicción obrantes en el sub exámine llevan a una sola conclusión: el fallecimiento de la maestra Elena Quinteros".
Esa circunstancia, no ha sido probada. Pero en un sentido inverso a lo considerado por el indagado, si se probara la muerte de esta persona, circunstancia muy probable pero legalmente, se reitera, no probada, cabría preguntarse si la participación delictual del indagado no sería mucho más grave. Al contrario de lo que pretende demostrar con la prueba de informes solicitada por el Sr. Blanco, esa hipótesis, más que exculpatoria, podría agravar seriamente la responsabilidad del indagado. Si el Estado Uruguayo determina esta cuestión, se volverá a un análisis jurídico de lo ocurrido.
Pero lo cierto es que, a decenas de meses de gobiernos democráticos y de la vigencia del artículo 4 de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986, no se ha esclarecido el punto. Hace hoy treinta días que la prueba por informes solicitada por la Defensa no fue contestada a pesar que ya es tiempo suficiente, de acuerdo a lo que se dice a fojas 458, para ello.
6to. Sobre la prescripción del delito. El delito de privación de libertad no está prescripto. El Uruguay suscribió y ratificó la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas que fue promulgada por ley 16.724 de 13 de noviembre de 1995 y entró a regir el día 3 de mayo de 1996. El Tratado estableció que la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción (Artículo VII). Se trata de una norma internacional que forma parte de nuestro orden jurídico y es claramente auto ejecutable. No estando tipificados delitos específicos, tal como señala el Artículo III de la Convención, la figura penal a aplicar es la referida antes, esto es, la Privación de libertad y eventualmente en algunos casos podrá ser, el Homicidio muy especialmente agravado que concurre con el anterior.
Cabe la posibilidad que el delito que hoy se imputará estuviera extinguido por prescripción hacia el mes de mayo de 1996, fecha en que comienza a regir, para Uruguay, la Convención antes referida. Y ello, porque de acuerdo a la norma contenida en el artículo 117, el delito prescribe a los quince años. Entonces la cuestión es saber cuál era la situación de la Sra. Elena Quinteros quince años antes de esa fecha, esto es hacia mediados de 1981, si ella vivía o no.
En conclusión, se reitera, lo cierto es que la privación de libertad desde el punto de vista jurídico no ha cesado, no hay prueba de ello. Si la privación de libertad cesó por muerte, tampoco de la fecha en que esta se verificó.
7mo. En cuanto a la prisión preventiva, estima la Sede que recaerá pena obstativa por lo que corresponde imponer la medida cautelar.
Atento:
A lo establecido en los artículos 15, 16 y 27 de la Constitución de la República, 1, 18, 61, 281, 282 del Código Penal, 125 y siguientes del Código del Proceso Penal,
SE RESUELVE:
1ro. Decrétase el enjuiciamiento y prisión del Sr. Juan Carlos Blanco imputado de ser autor de un delito de Privación de libertad. Póngase la constancia de estilo.
2do. Incorpórense actuaciones presumariales.
3ro. Téngase por designado al Sr. Defensor actuante.
4to. Reclámese información de antecedentes penales.
5to. Comuníquese.
Eduardo Cavalli - Juez.

18/10/02 auto de procesamiento de J C Blanco

Montevideo, 18 de octubre de 2002
Vistos y considerando:
1ro. De autos surgen elementos de convicción suficientes para entender que el Sr. Juan Carlos Blanco Estradé está incurso como coautor, en un delito de Privación de libertad muy especialmente agravado.


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2do. De acuerdo a los documentos de los expedientes traídos a la vista y los que acompañan la denuncia, la Sra. Elena Cándida Quinteros Almeida, hacia julio de 1976 tenía treinta y un años de edad, era titulada como maestra aunque no ejercía su profesión por habérsele impedido las autoridades de la época. Anteriormente, el día 16 de setiembre de 1967, esta Sede (la cuya denominación era Juzgado de Instrucción de Primer Turno) la detuvo en averiguación de su asistencia al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y al otro día la puso en libertad. Luego, el 31 de octubre de 1969, se le detuvo junto a otras personas, en un allanamiento efectuado en la finca Calderón de la Barca Nº 1953, donde se ocuparon efectos aptos para la fabricación de explosivos. Fue enjuiciada por el delito que emergía de su asistencia al grupo político antes mencionado y privada de su libertad, hasta el día 16 de octubre de 1970. Surge de autos además, que se la detuvo en averiguaciones y liberada por autoridades policiales, en setiembre de 1972. En junio de 1975, el Consejo Nacional de Educación tomó la resolución antes referida. Existe una versión policial, que no ha sido respaldada documentalmente, según la cual, había egresado hacia República Argentina en el mes de enero de 1976. Ello estaría en contradicción con lo informado en el documento testimoniado en el expediente tramitado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Anexo IV, fojas 370, de donde se desprende que desde el 8 de mayo de 1975 se había cursado una requisitoria de "captura de carácter nacional por su vinculación a la subversión". Efectivamente, ello hubiere imposibilitado la salida registrada del país de una persona que estuviera requerida.
3ro. Hacia junio de 1976 estaba detenida por funcionarios de las fuerzas de seguridad que operaban en la época en forma conjunta. En algún momento, que no se ha podido precisar, ideó una posible escapatoria a su situación. El plan consistía en hacer creer a sus captores que tendría un contacto con otro integrante de una organización clandestina, en las cercanías de Bulevar Artigas y Avenida Rivera, de esta ciudad. En la mañana del día 24 de ese mes, se dispuso un operativo para la detención de esta otra persona, dejando sola por unos momentos a la Sra. Quinteros. Ella emprendió a caminar en dirección a la Embajada de la República de Venezuela. Ingresa a una finca contigua, salta el muro lindero hacia la representación profiriendo gritos de "asilo". Sus captores a su vez, ingresan al predio, se traban en lucha con funcionarios de la Embajada que, alertados por los gritos, pretendieron retener a la mujer. La Sra. Quinteros alcanzó aportar el dato de uno de sus captores: "es Cacho del Departamento 5", en clara alusión al Departamento de Inteligencia del Ministerio del Interior que lleva ese número. Finalmente, es sacada por la fuerza de la Sede Diplomática, llevada a un automóvil marca Volkswagen que arranca a contramano por Bulevar Artigas, siendo perseguidos por dos funcionarios de la Embajada. A cierta distancia del lugar, Elena Quinteros es subida a una camioneta militar que la lleva con destino hasta hoy desconocido.
No habiéndose aclarado aún los hechos que motivaran la desaparición física de la Sra. Quinteros, lo relatado en este y en el anterior numeral, son en parte, producto de la lectura de los informes parlamentarios publicados por el Diario Oficial, que acompañaron la denuncia y de las actuaciones judiciales ya clausuradas. De cualquier modo, como señala la Fiscalía, los hechos que motivaron la desaparición de Elena Quinteros fueron cometidos por funcionarios militares o policiales, equiparados o asimilados por móviles políticos, ya que el Poder Ejecutivo así lo determinó. De los antecedentes del caso obran solicitudes de la Justicia Militar a favor de declinar competencia ante ella, lo que confirma la intervención castrense en el episodio. A los efectos de esta Resolución, estas circunstancias reunidas, coadyuvan a entender que existen elementos de convicción suficientes de los hechos hasta aquí relatados.
4to. Los siguientes hechos surgen probados de la documentación integrada al expediente administrativo llevado adelante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, del interrogatorio del indagado y de la prueba testimonial vertida en autos. Siendo en aquella época, titular de esa cartera el Sr. Blanco, el Embajador de la República de Venezuela, Sr. Julio Ramos, se presenta en la Cancillería en la misma mañana de los hechos, a denunciar lo ocurrido. No se encontraba en esos momentos el Ministro Sr. Blanco, por lo que da a conocer los hechos ocurridos en el jardín de la residencia, al Sub Secretario, Dr. Guido Michelín Salomón. Se hacen consultas al Ministerio del Interior desde donde se les dice que no hay noticias de tal episodio. Ante la insistencia de la Representación Venezolana, se convoca a una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores por parte del Sr. Blanco y a la que concurren el Sub Secretario Dr. Michelín Salomón, el asesor de la Cancillería, Dr. Alvarez y el Dr. Julio César Luppinacci (Embajador del Uruguay en Venezuela quien vuelve con urgencia).
En esa reunión, se dispone por el Canciller la realización de un memorando a presentar a autoridades del gobierno analizando las ventajas o desventajas de la entrega de quien identifican como "la mujer". Luego de detallar cada una de ellas, culminan por recomendar la entrega y sugieren la explotación publicitaria de ese acto.
Se convoca a una reunión en la que habrían estado presentes los jerarcas Ministros del Interior y Defensa, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Sr. Blanco y los antes mencionados. El acto concluye aparentemente, sin ninguna interacción. Los funcionarios de la Chancillería apenas comienza la reunión reciben la afirmación por parte de los militares que Elena Quinteros no está detenida en ninguna dependencia. Esta respuesta, según declarará más tarde Blanco ante este tribunal, le llevó a sostener que ninguna autoridad uruguaya había detenido a Elena Quinteros. Impartió instrucciones en el sentido señalado para que las representaciones nacionales por el mundo, difundieran como la respuesta del Uruguay, el desconocimiento de lo denunciado.
Según señaló el propio Blanco, tomó conocimiento del nombre de Elena Quinteros a raíz de las actuaciones de funcionarios de la Embajada Venezolana quienes interrogaron a los suegros de la maestra. Luego estos fueron interrogados por funcionarios militares uruguayos y ello motivó la expulsión del Embajador de la República de Venezuela y del Consejero Becerra por intromisión en nuestros asuntos internos. En las mismas horas, la República de Venezuela suspende relaciones con la nuestra.
Debe decirse que existe semiplena prueba de estos hechos, en el sentido que el Sr. Blanco, como Canciller de la República, estaba por demás enterado de la denuncia de secuestros, detenciones y desaparición de personas en el Uruguay.
De autos surge además, que el día 7 de julio Amnesty International, a través de su Sección Suecia, hacía saber a la Embajada Uruguaya que pedían que los derechos humanos se respetaran en Uruguay y que Elena Quinteros fuera reintegrada nuevamente (Anexo 3, fojas 437). Al otro día, el 8 de julio de 1976 el periódico inglés "The Guardián", daba cuenta del episodio tal como fue redactado más arriba y denunciaba la situación de personas torturadas y amenazadas en Chile, Argentina y Uruguay, que involucraban a ciudadanos de estas tres naciones (fojas 348 del anexo 3). El día 12 de julio de 1976, la agencia AP desde Bruselas señalaba que, según la Federación Internacional de Sindicatos Libres, en Uruguay había una represión política sistemática (fojas 392 de igual Anexo). El mismo día en Estocolmo, el Consejo Sueco para Refugiados solicitaba a la Embajada del Uruguay que se restituyera a la Sra. Quinteros y agregaba que unía su voz a la de todos aquellos "organismos y hombres dignos de esta tierra para que en el Uruguay se respete la vida y los derechos de la persona" (fojas 435 del Anexo 3). El día 14, cables de las Agencias UPI, AFP, AP anunciaban desde Londres que Amnistía Internacional denunciaba la tortura y muerte de varias personas en Uruguay y Argentina, identificándolos por nombre, edad y profesión. Incluso detallaron los procedimientos de dar muerte (fojas 386, 387 de igual Anexo).
Se hizo referencia a estas publicaciones, entre otras de igual tenor, pues todas ellas emergen de documentos 0que manejaba el Ministerio de Relaciones Exteriores en esa época. Por tanto, el entonces Canciller, sabía perfectamente la discordancia entre las afirmaciones de quienes ejercían el mando y lo que se denunciaba en el mundo, más precisamente, en una serie de naciones de fuerte tradición democrática. En otras palabras, sabía por fuentes que van más allá de la ola de rumores que sacudió Montevideo en aquellos días sobre el terrible destino de la Sra. Quinteros (hecho notorio), que el mundo entero sostenía la verdad que a lo largo de los años se fue confirmando, hasta ser ratificada por el propio Sr. Blanco en esta indagatoria: la desaparición forzada por los órganos de represión de la Sra. Quinteros.
Por ello, con los respetos debidos, no resulta creíble que trasladado el tema a los mandos militares, bastaba que estos dijeran (como presumiblemente le iban a decir al Sr. Blanco) que ellos no tenían detenida a Quinteros, para que, con esta afirmación, indiscutida e indiscutible, el indagado concluyera que era así. Tenía otra fuente de conocimiento que era la versión de los funcionarios extranjeros, a partir de la cual, se redacta el memorando en cuestión. Además, en el mes de julio de 1976, recibió de las Embajadas Uruguayas los cables antes referidos lo cual le daba, al menos, la posibilidad de dudar de lo que había ocurrido con Quinteros.
A pesar de las manifestaciones del indagado en el sentido que ni sospechaba que la Sra. Elena Quinteros hubiera sido detenida por funcionarios uruguayos, si se aprecia el texto del memorando, se verá que de ningún modo pensó de esa forma. Efectivamente, en el mismo se decía: "...No puede persistirse en la posición de alegar que la acusación venezolana carece de elementos de juicio ante las determinaciones concretas de datos contenidos en la última nota de Venezuela".
Se considera pues que la realidad que asumió, la que puede asumir hoy y la que debió asumir siempre, es que los mandos de la época habían procedido a la detención de la maestra y para ocultar el error forzado por Quinteros, debían negar que la tenían y hacer desaparecer cualquier rastro de ella. Dos vías tuvo el Sr. Blanco para elegir. La que optó fue cooperar a propagar la verdad formal que se le decía, colaborar con los captores e instruir al cuerpo diplomático para que salieran al mundo a decir que quienes mentían eran los funcionarios extranjeros. En ese sentido se expresa la Circular 12 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 15 de julio de 1976 que, bajo el rótulo "Instrucciones Secretas" culminaba atribuyendo responsabilidad al Embajador Ramos. (Véase Anexo I, Libro 1, fojas 76).
Otro acto que supuso la colaboración con las personas que privaban la libertad de la Sra. Elena Quinteros lo constituye el libramiento de un comunicado de prensa el 6 de julio de 1976, por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores a su cargo, desvirtuaba hechos y atribuía responsabilidad en el episodio al Embajador Ramos (Anexo I).
Lo más relevante para el caso desde el punto de vista penal, es que la colaboración antes detallada, practicada en el Uruguay de 1976, suponía además, echar la suerte de la Sra. Elena Quinteros hacia un final presumiblemente trágico.
5to. Los hechos relatados encuadran típicamente en el delito de Privación de libertad muy especialmente agravado pues el hecho obedece "...a móviles políticos o ideológicos". La participación del indagado fue la de coautor pues hubo una cooperación directa en el período de la consumación. Como se dijo antes, se trató de una cooperación material, al llevar adelante, como cabeza de la Cancillería, un plan para distorsionar los hechos, negando la realidad.
6to. La Defensa ha insistido sobre la muerte de la Sra. Quinteros. Incluso en su fundado escrito lo ha resaltado una y otra vez, hasta con subrayados y negritas (y cito textual) "...los elementos de convicción obrantes en el sub exámine llevan a una sola conclusión: el fallecimiento de la maestra Elena Quinteros".
Esa circunstancia, no ha sido probada. Pero en un sentido inverso a lo considerado por el indagado, si se probara la muerte de esta persona, circunstancia muy probable pero legalmente, se reitera, no probada, cabría preguntarse si la participación delictual del indagado no sería mucho más grave. Al contrario de lo que pretende demostrar con la prueba de informes solicitada por el Sr. Blanco, esa hipótesis, más que exculpatoria, podría agravar seriamente la responsabilidad del indagado. Si el Estado Uruguayo determina esta cuestión, se volverá a un análisis jurídico de lo ocurrido.
Pero lo cierto es que, a decenas de meses de gobiernos democráticos y de la vigencia del artículo 4 de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986, no se ha esclarecido el punto. Hace hoy treinta días que la prueba por informes solicitada por la Defensa no fue contestada a pesar que ya es tiempo suficiente, de acuerdo a lo que se dice a fojas 458, para ello.
6to. Sobre la prescripción del delito. El delito de privación de libertad no está prescripto. El Uruguay suscribió y ratificó la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas que fue promulgada por ley 16.724 de 13 de noviembre de 1995 y entró a regir el día 3 de mayo de 1996. El Tratado estableció que la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción (Artículo VII). Se trata de una norma internacional que forma parte de nuestro orden jurídico y es claramente auto ejecutable. No estando tipificados delitos específicos, tal como señala el Artículo III de la Convención, la figura penal a aplicar es la referida antes, esto es, la Privación de libertad y eventualmente en algunos casos podrá ser, el Homicidio muy especialmente agravado que concurre con el anterior.
Cabe la posibilidad que el delito que hoy se imputará estuviera extinguido por prescripción hacia el mes de mayo de 1996, fecha en que comienza a regir, para Uruguay, la Convención antes referida. Y ello, porque de acuerdo a la norma contenida en el artículo 117, el delito prescribe a los quince años. Entonces la cuestión es saber cuál era la situación de la Sra. Elena Quinteros quince años antes de esa fecha, esto es hacia mediados de 1981, si ella vivía o no.
En conclusión, se reitera, lo cierto es que la privación de libertad desde el punto de vista jurídico no ha cesado, no hay prueba de ello. Si la privación de libertad cesó por muerte, tampoco de la fecha en que esta se verificó.
7mo. En cuanto a la prisión preventiva, estima la Sede que recaerá pena obstativa por lo que corresponde imponer la medida cautelar.
Atento:
A lo establecido en los artículos 15, 16 y 27 de la Constitución de la República, 1, 18, 61, 281, 282 del Código Penal, 125 y siguientes del Código del Proceso Penal,
SE RESUELVE:
1ro. Decrétase el enjuiciamiento y prisión del Sr. Juan Carlos Blanco imputado de ser autor de un delito de Privación de libertad. Póngase la constancia de estilo.
2do. Incorpórense actuaciones presumariales.
3ro. Téngase por designado al Sr. Defensor actuante.
4to. Reclámese información de antecedentes penales.
5to. Comuníquese.
Eduardo Cavalli - Juez.

31/05/00 Sentencia del Tribunal de Apelaciones

El 31/5 fue notificada en la sede del PIT/CNT la sentencia Nº 98 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to Turno.
En dicha sentencia, por unanimidad de sus miembros el Tribunal de Apelaciones integrado por los Dres Olagúe, Hounie y Bossio, confirmó la sentencia Nro. 28/2000 dictada por la Dra. Estella Jubette el 17 de mayo, en la cual se amparaba a Tota Quinteros en su derecho a la información y condenó al Estado a dar cumplimiento al Art. 4to de la Ley de Caducidad y la Convención sobre desaparición forzada de personas, mediante una investigación administrativa tendiente a determinar las circunstancias de la desaparición y el paradero de la maestra Elena Quinteros.
En el mencionado fallo en segunda instancia el Tribunal de 6to Turno , en sus considerandos, estableció que "se confirmará la bien fundada sentencia impugnada".


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" Nº 98 Ministro redactor: Dr. Héctor Olague García.
Montevideo, 31 de mayo de 2000.

VISTOS:
En segunda instancia y para sentencia definitiva estos autos caratulados: "ALMEIDA DE QUINTEROS, María del Carmen c/ ESTADO - PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.- ACCIÖN DE AMPARO", Ficha Nº 91/2000, venidos a conocimiento de este Tribunal por efecto del recurso de apelación interpuesto por el representante de la parte demandada contra la sentencia Nº 28/2000, dictada por la señora Juez Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de Segundo Turno, Dra. Estela Jubette.-
RESULTANDO:
1).- El referido pronunciamiento, a cuya relación de antecedentes se remite la Sala, falló en los siguientes términos:
" I) Ampárase a la Sra. María del Carmen Almeida de Quinteros, en su derecho a la información pretendido y en mérito a ello dispónese .
A.-) Que el Estado - Poder Ejecutivo (M.D.N.) deberá dar cabal cumplimiento al art. 4to de la Ley 15.848 y disposiciones de la Ley 16.724, ordenándose la iniciación de una investigación administrativa tendiente a determinar as, circunstancias de la desaparición y el paradero de la Maestra Elena Quinteros.
B.-) Establécese que el Estado - M.D.N.- dispondrá de un plazo de diez días para disponer lo necesario a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado precedente.
I I ) Las costas y costos se distribuirán en e1 orden causado.
III) Fíjase en $ 4.000 los H.P.F. por el patrocinio Letrado de la parte actora, a los solos efectos fiscales.
IV) Cúmplase en el plazo acordado, en virtud de su eventual apelabilidad sin efectos suspensivos (art. 10 inc. 3 de la Ley Nº 16.011).
V) Expídase testimonio para las partes, repóngase la vicésima y oportunamente devuélvanse los expedientes agregados a la causa a sus respectivos lugares de origen y fecho archívense estos autos" (v. Dispositivo, fs 209/210).
2.- Contra esa decisión dedujo el representante de la parte accionada el recurso de apelación en estudio, por entender, en síntesis, que "la apelada agravia a mi representada en cuanto:
"1.- No advierte que la demanda es manifiestamente improcedente en cuanto a que la pretensión de la actora supone el dictado de un acto de gobierno, y en tanto excluido del contralor jurisdiccional, mal puede ser impuesto su dictado.
2.- Rechaza la defensa de caducidad.
3.- Atribuye al Poder Ejecutivo haber incurrido en omisión.
4.- Califica esa atribuida omisión como manifiestamente ilegítima.
5.- Desconoce la ausencia de elementos objetivos necesarios para que sea procedente la Acción de Amparo:
(a) No advierte que no existe lesión o amenaza de lesión a un derecho o libertad de la accionante reconocido por la Constitución, ajeno al habeas corpus, que solo pueda ser evitado por la Acción de Amparo;
(b) Descarta la producción de un daño irreparable como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la Acción de Amparo;
(c) Descarta la existencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado.
Solicitó: la revocación de la sentencia recurrida, disponiendo, en su lugar, el rechazo del amparo solicitado por la accionante.
3.- El representante judicial (art. 44 CGP) de la parte actora contestó los agravios, abogando por el mantenimiento de la sentencia recurrida.
4.- Concedido el recurso de apelación y recibidos los autos en esta Sala, cumplidos los tramites pertinentes, se acordó dictar sentencia en el día de la fecha.
CONSIDERANDO:
1)Los agravios no son de recibo, por lo que se confirmará la bien fundada sentencia impugnada.
2) Antes de entrar al análisis de los agravios, la Sala considera necesario destacar que la
investigación administrativa sobre las circunstancias de la desaparición de la maestra Elena Quinteros que motiva esta acción de amparo se funda en la existencia de una declaración efectuada por el ex soldado Sergio Pintado ante la Suprema Corte de Justicia el 14 de diciembre de 1998 (Acta de fs 22/26) en la cual se indican datos y hechos relacionados con el caso "Quinteros".
Se trata, pues, de un hecho nuevo que no fue tenido en cuenta en investigaciones anteriores realizadas sobre este caso, en especial, en la iniciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en agosto de 1987 (fs. 154), lo cual justifica, en opinión de esta Sala, el interés de la accionante en que se reabra la investigación de la desaparición de su hija a la luz de la declaración de Sergio Pintado.
Se reitera: es la declaración de Pintado, recibida el 14/12/98 ante la Suprema Corte de Justicia, el hecho desencadenante del amparo impetrado, y que, como tal, es el hecho medular a partir del cual corresponde analizar si se configuran en la especie los requisitos legales que habilitan el ejercicio de la acción de amparo previsto en la ley Nº 16.011 en función, naturalmente, de los agravios formulados.
3.- Agravio en cuanto a la manifiesta improponibilidad de la demanda, que, según la apelante, supone el dictado de un acto de gobierno.
No se recibirá el agravio.
La apelante sostiene que "la ley de caducidad fue un acto de gobierno, y que la actividad administrativa que conforme a ella deba desplegarse, se traduzca en hacer o no hacer, y en tal caso cuándo, cómo y por quién, constituye también actos de gobierno" (fs. 222v.).
En opinión de esta Sala so le asiste razón a la parte recurrente, en tanto coincide con la mayoría del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en que " el hecho de que la ley Nº 15.848 pueda reputarse un acto legislativo de gobierno, no determina por lo demás, que todos los actos que se dicten en ejecución de dicha ley, o las omisiones que presuntamente pudieren producirse en el cumplimiento de los mandatos de la misma, queden connotados y calificados como actos de la misma naturaleza (T.C.A., en sentencia Nº 84/99, Considerando V; v. Acordonado F 293/98, en especial, fs. 6/6v.).
En consecuencia, como dice el T.C.A, "la denegatoria a una solicitud de indagatoria en el marco del art. 4 de la ley Nº 15.848, no puede...considerarse un acto de gobierno por más trascendencia e importancia política y social que pueda tener" (sentencia 84/99 y Considerando V cits.).
Ello está demostrando que la acción de amparo no es improcedente y, menos aún, "manifiestamente improcedente" como exige la ley (art. 2 Ley 16.011).
4.- Agravio en cuanto a la caducidad de la acción.
Será repelido el agravio.
Más allá de que se participe o no de la tesis de que la omisión del Estado de investigar la desaparición de la maestra Quinteros configura una omisión continua y permanente y que, por ende, el plazo de caducidad del art. 4 de la ley Nº 16.011 sólo se computa a partir del cese del hecho generados, lo cierto es que, en la especie, al momento de presentarse la demanda (15.12.99), (fs. 13), el plazo de caducidad ni siquiera había comenzado a correr.
Y ello, porque se probó que la accionante desconocía el contenido de las declaraciones de Sergio Pintado, hecho que, como se dijo antes, es el que desencadenó el pedido de amparo y en función del cual debe resolverse también el tema de la caducidad de la acción.
El hecho de que la actora haya reconocido en la demanda (fs. 3) y en la aclaración de fs. 6 que tomó conocimiento a través de la prensa de la existencia de la declaración de Sergio Pintado ante la Suprema Corte de Justicia en torno a la desaparición de su hija no significa que conocía el tenor de la declaración.
No hay en autos elemento probatorio alguno que avale una conclusión diversa.
La propia apelante así lo reconoce cuando dice a fs. 223v. Que "no queda claro si la actora o sus representantes accedieron a ellas o no en algún momento" (se refiere a las declaraciones de Pintado).
¿ Cuando se entera fehacientemente la actora del contenido de esa declaración?.
La repuesta no puede ser otra que lo fue cuando, a requerimiento de la Sede "a quo" en este proceso de amparo, se agregó el testimonio del acta de fecha 14.12.98 y del Mensaje Nº 187 que ese mismo día la Suprema Corte de Justicia envió a la Presidencia de la República adjuntando testimonio de los autos caratulados: "Pintado Otero, Sergio Ramón. Denuncia", Fa. Nº. 1238/98 (fs. 21/28), lo cual sella la suerte de la excepción de caducidad opuesta.
5.- Agravio en cuanto a que se atribuyó al Poder Ejecutivo haber incurrido en imosión y en cuanto calificó la omisión como manifiestamente ilegítima.
Se desestimará el agravio.
La circunstancia de que el Poder Ejecutivo haya dispuesto una investigación del caso "Quinteros" en agosto de 1987 en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores y no haya podido determinar las circunstancias de la desaparición y el paradero de la hija de la actora (hecho éste admitido por la apelante a fs. 225), no lo exonera del deber de reinvestigar el caso a la luz de un hecho nuevo, como lo es la declaración del ex - soldado Sergio Pintado, en el marco del art. 4 de la ley Nº 15.848.
Resulta un hecho admitido por la demandada que el Poder Ejecutivo, una vez que tomó conocimiento del testimonio de Sergio Pintado a través del Mensaje Nº 187 enviado por la Suprema Corte de Justicia, no realizó investigación alguna (fs. 118v.).
La negativa del Poder Ejecutivo a reabrir la investigación de este caso carece de base legal, en tanto desconoce lo preceptuado en el art. 4 de la ley 15.848 y la ley Nº 16.724, ratificatoria de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que cita la Juez "a quo" en apoyo a su posición.
Y lo que evidencia, aún más, la ilegitimidad manifiesta de tal proceder es la descalificación liminar de que la declaración de Sergio Pintado realizó la demandada, quien, sin efectuar la más mínima averiguación, consideró que la misma no proporcionaba "nueva información, ni aun indicios válidos..." que justificaran reabrir la investigación del caso "Quinteros" (fs. 118v./19).
Es recien al apelar que la demandada intentó aportar nuevos elementos probatorios que, en su criterio, restaban toda credibilidad a los dichos de Pintado, elementos que, según expresó, surgieron "por averiguaciones primarias realizadas... dentro de las 72 horas que el procedimiento de amparo prevé entre la notificación de la audiencia y su celebración..." (fs. 226), prueba cuya consideración ha quedado exiliada de la alzada por no haber sido propuesta en la instancia anterior.
El proceder que la demandada adoptó en el lapso de 72 horas antes referido, en pleno proceso de amparo, está demostrando cuál era la conducta que en oportunidad de recibir el Mensaje Nº 187 de la Suprema Corte de Justicia (24/12/98, fs. 33) debió haber adoptado; en vez de negarse de plano a realizar toda averiguación sobre los hechos de autos, debió ordenar su investigación que, es, precisamente, lo que la accionante pretende mediante el amparo: que se inicie una investigación administrativa sobre las circunstancias de la desaparición de la maestra Elena Quinteros y su paradero, considerando, en particular, el testimonio vertido por el ex soldado Sergio Pintado y recogido por la Suprema Corte de Justicia (petitorio 2, fs. 13).
6.- Agravio en cuanto a que no existe lesión o amenaza de lesión del derecho a la información de la accionante.
Se desestimará el agravio.
Se coincide con la Juez "a quo" en que "es claro que el derecho de información requerido en autos está vinculado a la desaparición de una hija y la actitud del Estado en negar en forma clara y manifiesta la búsqueda de la información significa negar el derecho humano y esencial que le asiste a la actora de saber sobre el paradero de su hija..." (Considerando V, fs.202); la estimación de la acción de amparo en examen es, entonces, el medio realmente idóneo para evitar se configure un cuadro de denegación de justicia.
7.- Agravio en cuanto a la supuesta ausencia de un daño irreparable.
La apelante sostiene que la promoción de esta acción de amparo no evita ningún daño irreparable (fs. 228v.).
Se descartará el agravio, en tanto la Sala entiende que la negativa a investigar el caso, visto el nuevo testimonio recogido por la Suprema Corte de Justicia, puede configurar un daño irreparable si se piensa que se trata de una prueba que, en hipótesis, puede llegar a ser esencial (lo que no se sabe porque no se investigó) para la dilucidación del caso y que puede perderse si no se investiga como manda la ley.
8.- Agravio en cuanto al carácter residual de la acción de amparo.
No se recibirá el agravio.
Se coincide con la decisión del grado precedente en que, en el casi, la única opción que tenía la accionante para obtener información sobre los hechos denunciados por el ex soldado Pintado era la acción de amparo, habida cuenta que el Poder Ejecutivo tenía posición formada sobre que no correspondía proceder a reabrir la investigación del caso "Quinteros", pese al nuevo testimonio que sobre los hechos de autos le fueron remitidos por la Suprema Corte de Justicia.
9.- La conducta procesal de las partes ha sido correcta, por lo cual no corresponde imponer en el grado especiales condenaciones en gastos causídicos (art. 688 cc).
Por tales fundamentos, los concordantes del pronunciamiento impugnado y lo dispuesto en art. 72 de la Constitución, el Tribunal
FALLA:
Confírmase la sentencia apelada.
Sin especial sanción procesal.
Y oportunamente, archívase.

Dra. Sara BOSSIO REIG
Ministra
Dr. Hector OLAGÜE GARCIA
Ministro
Dr. Felipe HOUNIE
Ministro
Dra Esc. Elena CELI de LIARD
Secretaria Letrada

10/05/00 Fallo de la Jueza Stella Jubette

En un fallo de 24 carillas la Jueza Estela Jubette, del Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 2do Turno, hecho por tierra todas y cada una de las argumentaciones políticas y jurídicas con que la Administración del Dr. Sanguinetti, intento evitar investigar sobre el destino de una víctima de desaparición forzada y sentó importantisima jurisprudencia sobre estas situaciones aún sin solucionar en el Uruguay.
En un fundamentado y valiente fallo, que culmino con los aplausos de la concurrencia, la Dra. Jubette dictamino el amparo a Tota Quinteros a saber cual fue el destino de su hija Elena Quinteros, ordenando que el Poder Ejecutivo en un plazo de 10 días, de cabal cumplimiento al articulo 4to de la ley de caducidad y a las disposiciones de la la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.
En la misma sentencia la Dra. Jubette estableció que la misma debía cumplirse en el plazo de 10 días, sin efectos suspensivos, ante un eventual acto de apelación para el cual el Poder Ejecutivo.

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"Montevideo, 10 de mayo de 2000.
S E N T E N C I A No 28.
VISTOS:
Para Sentencia Definitiva de Primera Instancia, estos autos caratulados "ALMEIDA DE QUINTEROS MARIA DEL CARMEN C/PODER EJECUTIVO (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL) A M P A R 0 . Ficha 216/99.
R E S U L T A N D 0:
1 ) Que a fs 3. Compareció la Sra. María del Carmen Almeida de Quinteros a iniciar acción de amparo contra eI Estado- Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa Nacional- por una alegada omisión de éste en la investigación del paradero de su hija desaparecida, la maestra Elena Quinteros, y en síntesis expresó:
a.- Que su hija fue detenida en el año 1976 por la fuerzas de la represión del pasado Gobierno de Facto, por lo que ese hecho notorio ha sido denunciado en diversos foros Nacionales y extranjeros sin que a la fecha se pudiera conocer el paradero y las circunstancias de su desaparición;
b.- Que Elena Quinteros fue secuestrada del interior de la Embajada de Venezuela y a la fecha ninguna autoridad pública le informó nada en relación a lo que ocurrió con su hija luego del secuestro , y dónde esta
su cuerpo ;
c.- Que tomó conocimiento a través de la prensa en el correr del año 1999 de la existencia de una declaración efectuada por un ex soldado de nombre Sergio Pintado, ante la Suprema Corte de Justicia en la que se indicarían datos relacionados con la desaparición de su hija, así como del lugar dónde se hallaría su cuerpo. Que con esto se podría esclarecer las circunstancias de la desaparición y el conocimiento de la verdad de los hechos; .
d.- Que la existencia de la declaración fue confirmado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de esa fecha el Dr. Raúl Alonso De Marco, quien además le informó que las declaraciones fueron recogidas en un acta y enviada al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y al Poder Ejecutivo. No conoció el contenido de las mismas.
Que esa actitud de la S.C.J. demuestra la pertinencia de la habilitación de una investigación administrativa (decreto 500/991 ), que sin embargo el demandado no la dispuso;
e.- La inacción del Poder Ejecutivo es manifiestamente ilegítima y da mérito al amparo impetrado. E1 objeto de la acción es la protección a su derecho a la información (Art.7, 9 y 72 de la Constitución de la República, art.l3 Nral 1 del Pacto de San José de Costa Rica, Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966) derecho fundamental de rango constitucional, que la omisión del Estado desconoce, en la medida que, todo ocultamiento, Demora, inacción, negligencia, desidia, imprudencia en 1a búsqueda de la información y la obtención de la verdad, suponen una evidente lesión al derecho invocado.
f.- La inacción del Poder Ejecutivo ante la comunicación de la S.C.J. se verifica en un contexto general omisivo en relación a los desaparecidos que el Estado se ha encargado de justificar, sosteniendo que "de los términos del art. l de la Ley 15.848 que declara la caducidad de la pretensión punitiva del Estado en relación a los delitos alcanzados por la misma impide también, como corolario, investigarlos". Esto resulta de la respuesta del Poder Ejecutivo de fecha 29/12/97 al reclamo de investigar las desapariciones presentado por varios familiares.
La misma conducta, se verificó en un proceso por responsabilidad de la administración que se siguió en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 2do Turno en la Ficha 40/95 que también se trataba de un caso de un desaparecido.
g.- Sostiene que, si un ex funcionario de la demandada señala ,que sabe las circunstancias de la desaparición de su hija, dónde estuvo y que asegura que habiendo estado detenida tuvo una hija, que sabe el paradero de ésta y que su cuerpo está enterrado en una dependencia estatal que la identifica, ello hace nacer un deber jurídico de indagación de modo de verificar o descartar lo dicho por el soldado.
Alega también que es público y notorio que el Gobierno de la época ni el actual han adoptado medida. alguna tendiente a esclarecer los hechos.
h.- Que la omisión alegada tiene el carácter de flagrante y ostensible y que es .infundado sostener que una investigación sobre las circunstancias de la desaparición de su hija "deba detenerse " cuando se identifica al responsable, porque la identificación del paradero del cuerpo de su hija no tiene por qué verse obstruida por la identificación de los responsables del secuestro. Por lo tanto la Ley 15.848 establece que lo que caducó fue la pretensión punitiva del Estado, pero no el poder y el deber de investigar. Por lo tanto la omisión que constituye el agravio de su parte, refiere a un hecho permanente y continuado, cual es la desaparición de su hija, que al ser actual aparece como quemante en los términos que lo exige el art. 1 de la Ley 16.011.
i.- En cuanto a la residualidad al amparo, sostiene que los plazos legales de una petición administrativa, recursos y nulidad posterior hacen que sean los mismos ineficaces en el presente caso. Ello está justificado por la actitud de la S.C.J. que entendió pertinente labrar un acta con las declaraciones del soldado.
Que su hija hace más de 20 años desapareció y la busca incansablemente y no encontrará sosiego hasta el día que pueda saber " cómo y dónde", dado que el paso del tiempo corre en su contra por su edad. Respecto de la caducidad cita al Tribunal de Apelaciones de lo Civil de 6to turno que sostiene "la omisión de carácter continuado, bloquea la posible caducidad de la acción, asimilándose la situación a la de delito permanente". También ha dicho que " La Administración no puede prevaleserce de su propia omisión alegando caducidad del acto" (Sent.TAC 6to Turno en Sent. Nro. 158/89 citada por Emilio Biasco en "E1 Amparo General en el Uruguay", AEU ,1998 , pág.346).
j.- Por ultimo el petitorio consiste en reclamar al Estado la actuación omitida antijurídicamente y solicita que se ordene al mismo el cumplimiento de sus cometidos ordenándose una investigación administrativa, considerando en particular el testimonio vertido por el ex soldado Sergio Pintado y recogido por la S.C.J.
Ofrece prueba , funda su derecho en los arts. 7, 10,12, 29 y 72 de la Constitución de la República, l3 Nral 1 del Pacto de San José de Costa Rica, Ley 16.011, Ley 16.724 y arts. 2, 175, 180, 185, 194 del Decreto 500/ 991.
2) Solicitada precisión sobre la fecha del conocimiento de la actora de los hechos denunciados, ésta expresó que los episodios expresados por el soldado ha estado rodeado de una especial reserva y el Presidente de la Suprema Corte le informó que el denunciante manifestó su preocupación por su suerte personal solicitando que la denuncia no fuere de conocimiento público y a su vez la Prensa no fue clara y precisa ni en cuanto a los términos de la denuncia, ni su fecha.
Por otro lado el Presidente de la S.C.J. sólo les informó de que se había recogido un acta con la declaración del ex soldado y que ella fue remitida al Poder Ejecutivo, por lo que, no saben el tenor de la declaración, no pudieron obtener copia de ella, ni del oficio que se enviara al Poder Ejecutivo, ni de la fecha de la comunicación.
3) Por auto Nro. 2697/99 con fecha 21 de diciembre de 1999 la sede le solicitó información a la S.C:J. para que a la brevedad posible remitiera el testimonio del acta que se realizara en ocasión de las expresiones de un ex soldado militar respecto de la persona desaparecida Elena Quinteros y sobre la fecha en que comunicó aquellas al Poder Ejecutivo.
4) Con fecha 10/2/2000 se recibió de la S.C.J. lo solicitado, por lo que pudo conocerse que las declaraciones fueron hechas el 14/12/98 y la comunicación al Poder Ejecutivo fué formulada por Mensaje Nº187 de la misma fecha dirigido al Señor Presidente de la República Dr. Julio María Sanguinetti.
5) Por auto Nº 175/2000 se convocó a las partes a la audiencia legal para el día 17 de febrero del presente año v se ordenó que la parte demandada concurriera munida de las actuaciones que se hubieran realizado luego del Mensaje Nº 187 de fecha 14/12/98, enviado de la S.C.J. al Presidente de la República.
A fs. 121 se celebró la audiencia y el demandado expresó sus explicaciones, agregando documentación y solicitando el diligenciamiento de varios medios probatorios.
6) E1 Estado sostuvo que la demanda en su contra es manifiestamente improcedente en la medida que se solicita que se le ordene al Poder Ejecutivo - M.D.N.- que en el plazo de l0 días hábiles inicie con resolución fundada una investigación administrativa y que se encargue la misma a una persona no tachable por sospechas de parcialidad.
E1 Poder Ejecutivo expresó:
a.- Que entiende que es improponible pedirle al Poder Judicial que se sustituya al Poder Ejecutivo y resuelva por él, cuándo, cómo y por quién debe proceder a realizar una investigación administrativa que ya se ha hecho.
b.- Que dada la motivación de la Ley No 15.848 y las circunstancias extraordinarias de orden político y social que impulsaron su sanción. constituye una autentica amnistía y que en consecuencia entiende que aquella norma es una acto de Gobierno en la medida que fue impuesta por las necesidades del Gobierno y que ellos están excluidos de amparo y de la jurisdicción ordinaria;
c.- Que existen razones formales que obstan al progreso del accionamiento por cuanto el mismo ha caducado, entendiendo que la omisión que se atribuye "no es permanente" y habría quedado plasmada el 23 de diciembre de 1998, fecha del Mensaje de la S.C.J. por el que se dio tramite al oficio Nro. 244 de la misma fecha del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 13º Turno, o en su caso, el día 29 de diciembre de 1998, fecha en la que el Poder Ejecutivo le comunicó al máximo órgano jurisdiccional " de acuerdo a lo establecido en el art. 3º de la Ley No. 15.848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el art. Lº del mencionado cuerpo legal";
d.- Que además no se dan todos lo presupuestos básicos de la acción de amparo, en primer término porque existen otros medios judiciales que permiten obtener el mismo resultado excluyéndose el amparo por su carácter residual. Ello se confirmaría con el juicio que ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (T.C.A.) sigue " Cuesta Vila, María y otros - Acción de Nulidad" ficha 243/98, el que se esta procesando por una presunta omisión del Poder Ejecutivo de cumplir con el art. 4º de la Ley 15848. En éste proceso se reclama que se anule la denegatoria recaída a la petición formulada referida a la realización de una investigación exhaustiva destinada al esclarecimiento de la suerte corrida por las personas detenidas desaparecidas y su paradero, dónde se incluye a Elena Quinteros.
e.- Que además no existe un " daño irreparable", por lo que no se advierte, que deba forzarse una investigación sobre hechos ocurridos hace más de 23 años.
f.- Alega la ausencia de ilegitimidad manifiesta en cuanto considera que el Poder Ejecutivo dio cumplimiento á la obligación impuesta con el art. 4º de la Ley de caducidad efectuando las investigaciones administrativas en aquellas situaciones que estimó estaban comprendidas en las hipótesis contempladas en esa norma.
Que en el caso de Elena Quinteros, la investigación estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interior.
Que el Poder Ejecutivo, con fecha 29 de diciembre de 1997 emitió un pronunciamiento en el que se contiene la posición asumida respecto al cumplimiento del deber de investigar la situación de las personas denunciadas como desaparecidas, por lo que se remite en forma íntegra a ese pronunciamiento cuya copia acompaña. En el se exponen fundamentos jurídicos, políticos y morales en los que se basa la posición sustentada en anteriores oportunidades.
Por último, sostiene que el plazo de 120 días contenido en el inciso final del art.. 4to de la Ley Nº 15.848 fue cerrar de modo pacífico una página dolorosa de la historia y resolvió cómo y cuando hacerlo, debiéndose interpretar en forma estricta y concluir que vencido el término asignado, ha de entenderse que precluye al Poder Ejecutivo el poder- deber- de investigar que se le confirió, pues la tesis contraria, desvirtúa " la letra y el espíritu de la normativa vigente." Que en virtud de ello y en tanto la denuncia el Sr. Pintado, a juicio del Poder Ejecutivo, no proporciona nueva información " ni aún indicios válidos....", le resto trascendencia a la denuncia no considerando que con ello se procede de manera manifiestamente ilegítima.
Ofrece prueba ( al T.C.A, al M.R.E, al M.I, a la Cámara de Representantes del Parlamento y a la S.C.J.) y solicita se rechace la demanda.
7) En la audiencia del 17 de febrero de fs.121 se ordenó el diligenciamiento de 1a prueba solicitada sin perjuicio de su valoración en cuanto a la pertinencia y conducencia de la misma .
Diligenciada la prueba , y previa intimación que debió realizarse al Poder Ejecutivo para que colaborará con la prueba solicitada, se recibió la misma y se convocó a una nueva audiencia donde se produjeron los alegatos y se tuvo por conclusa la causa convocándose para el dictado de Sentencia.
C 0 N S I D E R A N D O:
I) Que de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de la República en sus arts. 7. y 72. y por la Ley Nº 16.011 del 19/12/88 la acción de amparo es una garantía que protege derechos y libertades inherentes a la personalidad humana o derivados de la forma republicana de gobierno, ante cualquier acto u omisión manifiestamente ilegitimo que los amenace, altere , restrinja o lesione, siempre que no existan otros medios de protección con eficacia similar y que la acción se entable dentro de los treinta días de la conducta lesiva.
En consecuencia, frente a una acción de la naturaleza de la de autos, corresponde analizar si la misma se encuadra en la situación prevista por la normativa vigente como habilitante de la intervención tutelar del Juez, para proteger el derecho violentado.
II) Que el objeto del amparo peticionado consiste en proteger el derecho a la información de la accionante y en ordenar a la accionada a que dé inicio con resolución fundada a una investigación administrativa sobre las circunstancias de la desaparición de la Maestra Elena Quinteros y su paradero, considerando en particular el testimonio vertido por el ex soldado Sergio Pintado y recogido por la S.C.J., designándose a un funcionario no tachable por sospechas de parcialidad o mala fe.
Para analizar la procedencia del amparo impetrado, habrá no sólo que verificar la existencia de una ilegitimidad manifiesta, sino también, comprobar que aquél es el único medio de garantía con eficacia para proteger los derechos constitucionalmente protegidos y alegados como violentados por parte del Poder Ejecutivo.
III) Esta proveyente ha considerado en Sentencias Nº 84/97 del 20/10/97 y Sentencia Nº 4/98 (ambas con confirmatorias de alzada) junto con otros constantes pronunciamientos jurisprudenciales y opiniones doctrinarias ( " La acción de Amparo " Daniel Ochs Olazabal Colecciones J.V.A. F.C.U.) que la propia naturaleza del proceso de amparo, así como la relevancia de los derechos e intereses para cuya protección ha sido instaurado, determina como directiva del órgano jurisdiccional llamado a intervenir la adopción de la solución mas favorable al acceso a la justicia, y eventualmente a la satisfacción de los derecho, sustanciales, toda vez que queda en duda, no sólo de la tempestividad de la acción, sino también de otro de los requisitos que la Ley especial establece para la protección del derecho invocado.
Esto sin dejar de observar que el control jurisdiccional de la actividad administrativa que nuestra ordenamiento jurídico posibilita, tanto en vía de amparo como en la anulatoria ante el T.C.A., queda reducido al ámbito de legitimidad de la actuación y no al de su oportunidad o conveniencia, áreas constitucional y legalmente reservada a la autoridad administrativa dentro del sistema democrático - republicano de separación de Poderes del Estado.
IV) Que en primer término, corresponde por razones de rigor lógico analizar una de las defensas de carácter formal opuestas por el Estado: la caducidad.
La accionada llega a la conclusión de que la pretensión por la acción de amparo habría caducado .Ello si se computa el plazo desde la declaración y denuncia del ex soldado ante la S.C.J. (14/12/98) como, desde la fecha en que el Poder Ejecutivo comunicó a la S.C.J. que el tema informado por el Mensaje Nº 185 y de las actuaciones del Jdo Letrado en lo Penal de l3º Turno, lo consideraba incluido en la Ley Nº 15.848 (Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado), esto es con fecha 29/12/98.
Fuera del análisis puntual y particular respecto de ésta acción existen motivos genéricos para la desestimatoria de la caducidad.
E1 Tribunal de Apelación en lo Civil de 3er. Turno en Sentencia Nº 21 del 7 de marzo de 1997 en autos caratulados " Bañiñas Puppo, María Mercedes c/Estado - Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa " ficha 37/96 (referido a un caso de desaparecido), citando a la Dra. Jacinta Balbela de Delgue en palabras pronunciadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de la República, transcribió: "En el concierto, estamos ligados a un sistema que inauguró en 1945 La Carta de Naciones Unidas por un lado y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1979 por otro, con principios altamente protectores de libertad....,la practica de estos instrumentos en la afirmación de Derechos Humanos, ha provocado cambios sustanciales en el derecho interno de los Países miembros de ambos sistemas, los que han evolucionado progresivamente hacia la adaptación e interpretación jurisprudencial de normativa legal, con el propósito de proteger por vía del derecho internacional los derechos de la persona humana...."el ejercicio de las funciones contenciosas y consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos....constituyen un conglomerado de decisiones que han actuado y deben actuar como elemento estabilizante y homogeneizante de las resoluciones judiciales".
Esas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que "La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. E1 secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un Juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto".
Es por ello, que los Tribunales Uruguayos inclusive ésta Sede no pueden soslayar las resoluciones que se transcribieron, por cuanto las normas internacionales tutelares de derechos humanos que preordenadamente a su aplicación interpreta la Corte Interamericana , también han de ser aplicadas más allá de su recepción legislativa, en cumplimiento de lo establecido en el art.72 de nuestra Carta Constitucional.
Por su parte la S.C.J. en nuestro País en Sentencia Nº 84/93 ha sostenido en caso similar al que se denuncia en autos, que:" se trata de un supuesto similar al del delito continuado (el de la desaparición). Es entonces el día (omissis) en que cesó la continuidad, el punto de partida para comenzar el cómputo de la caducidad". Aún cuando estas citas decían relación a un juicio de responsabilidad civil, pero vinculadas a las desapariciones forzosas, igualmente son aplicables a la omisión que se denuncia en autos por estar estrechamente relacionada con el mismo supuesto.
Pero además en el caso, para resolver sobre uno de los presupuestos temporales de la acción de amparo, ha de tenerse especialmente presente que la Sra. Almeida de Quinteros no fué debidamente notificada tanto de la existencia de la denuncia, como del Mensaje de la S.C.J. al Poder Ejecutivo, para que comience el cómputo del plazo.
Del análisis de todas las actuaciones cumplidas, no se advierte que hubiere existido tal notificación fehaciente. La sentenciante considera que si la parte actora ante su requerimiento no pudo precisar la fecha del conocimiento de los hechos que llevarían a confirmar la omisión alegada, no existe otra alternativa razonable y justa que concluir que el día a partir del cual comienza a computarse el plazo de treinta días para la acción de amparo, debe situarse en el día 14/2/2000. Fue en ésta fecha que el abogado patrocinante de la actora toma conocimiento del contenido de la declaración de Pintado y de la fecha en que se enviara al Poder Ejecutivo el Acta que se recabó ante la S.C.J.
Esta conclusión es coherente y pertinente en virtud de que al no existir actuación jurisdiccional de la S.C..J. que pruebe que la actora fue informada de todas las circunstancias que ocurrieron ni actuación de la demandada notificada, cabe admitir que el comienzo del cómputo del plazo es el día 14/2/2000 en que el patrocinante de la actora se notificó en este expediente de los hechos con claridad y certeza. En consecuencia, la demanda fue interpuesta con anterioridad a que comenzara a computarse e1 plazo de caducidad, por lo que se desestimará la caducidad alegada.
V) Análisis de los demás requisitos de la acción de amparo:
En primer término, el Estado no ha controvertido la legitimación y titularidad de la actora del derecho a la información, como tampoco ha controvertido el testimonio del soldado Pintado. aceptando que no ha sido tenido en cuenta por el Poder Ejecutivo debido que este no se siente en el deber jurídico de realizar nuevas investigaciones.
Ello por sí sólo bastaría para concluir que efectivamente está comprobada la omisión manifiestamente ilegítima del demandado, configurada al no realizar ninguna actuación ante el Mensaje Nº 187 de la S.C.J. al Sr. Presidente de la República
Corresponde tener presente que en ocasión de la convocatoria a la audiencia legal se intimó que "la parte demandada deberá concurrir munida de las actuaciones que se hubieran realizado luego del Mensaje Nº 187 de la S.C.J. al Señor Presidente de la República" y sin embargo, el Estado no lo hizo, en clara confirmatoria de que a partir de los hechos nuevos dados a conocer por el máximo órgano del Poder Judicial (la Resolución de fs. 71, la remisión lo era en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 15.848) no dispuso ninguna investigación. Expresamente en este proceso ha reiterado la postura ya conocida, de que no se siente en el deber jurídico de realizar nuevas investigaciones, agregando que considera que la denuncia de Pintado, no proporcionaba nueva información...." ni aún indicios válidos ....." y "por ello le restó trascendencia".
En segundo término, habrá de verse si esa omisión ha sido manifiestamente ilegítima.
Tampoco se ha controvertido, que la Maestra Elena Quinteros ha sido detenida por personal militar y ha desaparecido durante el tiempo en que los militares actuaban invocando la seguridad nacional, hecho notorio e internacionalmente conocido en ocasión del quiebre de las relaciones diplomáticas con Venezuela.
Ha sostenido el Poder Ejecutivo que ha precluído a su respecto el poder - deber de investigar, y que la investigación del paradero de los desaparecidos....." no puede ser reabierto....." y además "nada lo justifica".
Es claro que el derecho de información requerido en autos, está vinculado a la desaparición de una hija y la actitud del Estado en negar en forma clara y manifiesta la búsqueda de la información, significa negar el derecho humano y esencial que le asiste a la actora de saber sobre el paradero de su hija y en cuanto significa negarse a cumplir una norma legal, es además actuar en forma contraria a la forma republicana de gobierno .
En tercer término, el Estado ha desconocido la normativa legal vigente que lo obliga a investigar en casos como el presente, según determina el art. 4to de la Ley Nº 15.848. Dicho artículo le obliga a investigar los casos "de personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas".
Además la Ley Nº 16.724 que ratificó nuestro País y que específicamente trata sobre la desaparición forzada de personas, obliga al Poder Administrador por cuanto en su art. l prescribe :" los Estados partes en esta Convención se comprometen . a no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas....; a- prevenir sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas y d.- tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención". .
Esta Convención en su art. II establece lo que los Estados partes deben respetar y qué se entiende por desaparición forzada y allí se refiere a la falta de información sobre el desaparecido, la negativa de reconocer la privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona .
La Ley Nº 16.724 es posterior en el tiempo que la ley de caducidad, por lo que lejos de exonerar al Estado de la obligación o deber jurídico de investigar el caso de la desaparecida Elena Quinteros, ratifica y confirma la obligación que tiene el Poder Administrador de cumplir el compromiso asumido no sólo en el contexto internacional, sino especialmente en su propio ámbito territorial de vigencia de la Ley y la Constitución.
En las explicaciones del Poder Ejecutivo de fs. 114/120 reiteró su ya conocida postura y expresó..... " e1 Poder Ejecutivo realizó las investigaciones previstas en el art.4 con la información disponible : no ha aparecido más tarde ninguna otra (esto lo decía en diciembre de 1997), no aún indicios varios.- Ese proceso culminó con los resultados que permitieron las circunstancias especiales de un País en transición y, a juicio del Poder Ejecutivo no puede ser reabierto. Nada lo justifica. Reabrirlo, tal como los solicitan los peticionantes, sería violatorio de la letra y del espíritu de la normativa vigente y constituiría un serio revés para los esfuerzos realizados por la sociedad Uruguaya para superar los enfrentamientos del pasado, para crear las condiciones para una auténtica pacificación del País y lograr el reencuentro entre todos los sectores. No es intención ni propósito del Poder Ejecutivo contribuir a la división de los Uruguayos y no debe, por ende, acceder a lo peticionado"
VI ) Esa postura del Poder Ejecutivo no puede compartirse por la Sentenciante cuando establece que la investigación no puede ser reabierta ya que nada lo justifica.
Lo justifica el derecho esencial. constitucional, natural y humano, invocado por la actora. Es el derecho a la información , que refiere a su hija desaparecida , cuya detención se produce por personal militar y su paradero es desde entonces desconocido.
Lo justifica también, que dentro de un sistema republicano de gobierno y en un Estado de derecho, es necesario que el Poder Ejecutivo dé cabal cumplimiento a su obligación de investigar respecto de los nuevos elementos que obran en esta causa. Tal obligación no fué extinguida al sancionarse la Ley de Caducidad, en tanto no se reclama en autos que se ejercite una pretensión punitiva del Estado y ni siquiera la identificación de los supuestos responsables de la detención y desaparición de la Maestra Elena Quinteros, sino apenas la obligación de investigar y de notificar el resultado.
Lo justifica también la Ley Nº 16 724 que, al ratificar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, confirma la obligación del Poder Administrativo de actuar de forma de tomar las medidas de carácter administrativo para cumplir con los compromisos asumidos en esa convención.
Lo justifica también nuestra Carta Magna en sus arts.7, 10, 12.,29 y 72, la Ley 13.751 que ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y también lo justifica la Ley 15.737 que ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por último, lo justifica el art. 168 Nral 4to de la Constitución de la República, en tanto estable que "A1 Presidente de la República, actuando con el Ministro 0 Ministros respectivos o con el Consejo de Ministros corresponde: 4º)...ejecutar y hacer ejecutar las leyes. ...." .
Frente a todo ello no puede afirmarse, como lo hace el Estado, que investigar "sería violatorio de la letra y del espíritu de la normativa vigente". Nada más disímil de lo que establecen las normas analizadas.
Por último, si se tiene presente que ninguna investigación se hizo a partir de la información de la S.C.J. al Poder Ejecutivo; que el denunciante Pintado nunca fué interrogado: que nada se averiguó sobre los lugares señalados por él, ni ningún procedimiento administrativo se efectuó, hay que concluir que la manifiesta ilegitimidad es grosera, evidente y flagrante.
VII) E1 Poder Ejecutivo ha pretendido sostener que la Ley de caducidad multicitada es un "acto de gobierno" y que como tal no sería procesable por medio del amparo y la demanda es improponible.
A1 respecto, cabe precisar que aquí no se pide amparo contra la Ley de Caducidad ni se trata de ejercitar una pretensión punitiva que la ley quiso impedir sino de hacer cumplir la investigación que ella habilitó expresamente.
VIII) Tampoco se pretende que el Poder Judicial se sustituya al Poder Administrador en esa investigación.
No será un juez quien dictará el acto administrativo ni tampoco llevará a cabo ninguna investigación. En cambio, dado que existe una manifiesta ilegitimidad en la omisión de investigar respecto de Elena Quinteros, ordenará el cumplimiento de la normativa vigente, ya citada, sin agregar otras exigencias que las legales.
IX) En cuanto a las investigaciones que alegó el demandado que habrían sido cumplidas por otros Ministerios, la prueba solicitada es no sólo impertinente, en la medida que la extensa documentación pertenece a otras personas ajenas a Elena Quinteros. sino también inconducente, por cuanto la investigación que dispusiera y cometiera al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior han sido totalmente ineficaces, en tanto la desaparición de la Maestra Elena Quinteros aún se mantiene y no se ha establecido conclusión alguna.
E1 Ministerio de Relaciones Exteriores no concluyó su información respecto de lo que pasó con Elena Quinteros, si está viva o muerta y en cuyo caso dónde está. De ella poco se habla en ese expediente, sino que la investigación estuvo signada a establecer responsabilidades de los Agentes Diplomáticos de la época y de otros funcionarios de dicho Ministerio en la ruptura de relaciones con Venezuela. Pero además, la información podría haberse buscado en el ámbito donde fue detenida.
Por su parte, de la información de fs.l42 en Oficio que contestara el Ministerio del Interior a ésta Sede. se consigna que "es grato comunicarle que en este Ministerio no existe investigación alguna relativa a la desaparición de la Sra. Elena Quinteros" .
Ello necesariamente tiende a desvirtuar lo afirmado por el Ministerio de Defensa, de que había cumplido con la obligación de investigar, cuando el encargado de hacerlo (Ministerio del Interior-) dice que no investigó o no existe investigación. Por otro lado. la investigación del M. R. Exteriores no está vinculada a los nuevos elementos que se pusieron en conocimiento del Poder Ejecutivo y que están referidos a las declaraciones de un ex funcionario de dicho Poder.
Pero además. estando admitido expresamente que Sergio Pintado integró los cuadros del Ejército prestando servicios en la Brigada de Infantería Nº 5 (independientemente de cual fue su grado y cuanto tiempo estuvo o porqué dejo de estarlo) cabe destacar que sobre los hechos que expresó recientemente ante la S.C.J., nada se investigó, extremo admitido por el Estado.
X) En cuanto al argumento del Estado de que no habría daño irreparable para la actora, se dirá:
a.- Que el daño irreparable no es un requisito para que proceda el amparo, no figura en el texto legal como un presupuesto.
b.- Que la desaparición de una hija es innegablemente un daño irreparable y el transcurso de 23 años sin investigarlo no mitiga el daño ocasionado sino - muy por el contrario- lo agrava. Con un criterio de razonabilidad, ha de admitirse que siendo grande el dolor de una madre por la muerte de un hijo, el transcurso del tiempo conlleva cierta resignación pero, en cambio, esa resignación no sobreviene si esa madre durante 23 años busca a su hija y pretende saber qué fue de ella, sin lograrlo.
XI) Del análisis que antecede referido a la ineficacia de otras investigaciones realizadas en otro tiempo, hay que concluir que no quedaba a la actora otro remedio judicial que ésta acción.
Si se observa que, el Estado nada investigó sobre el tema de Elena Quinteros, que a la fecha sigue integrando la lista de personas desaparecidas de la dictadura; si además el Estado está convencido - posición que mantuvo en éste proceso- que no existe el deber jurídico que le imponga una investigación; si ha desatendido la legislación vigente en la materia; si ha negado frente al reclamo de familiares la posibilidad de investigar; si dice que nada justifica reabrir una investigación; si una eventual petición que fuera denegada y tuviera que transitar la anulación ante el T.C.A. por una madre avanzada en edad, su derecho sería muy tardíamente protegido. Por todo ello, la Sentenciante estima que no existe otra vía eficaz que la acción de amparo impetrada.
XII ) En conclusión, puede afirmarse - como lo hizo el T.A.C. 5 - que "los argumentos esgrimidos por el demandado no pueden erigirse en un obstáculo para que la administración cumpla el mandato legislativo y la justicia controle su observancia" (Sent.No.ll8/97 del 13/11/97 redactada por el Ministro Van Rompaey).
XIII) La conducta de las partes, no amerita la imposición de condenas en la instancia, por lo cual las mismas se distribuirán en el orden causado.
XIV) Respecto del plazo que se solicitare para el cumplimiento de la eventual condena a recaer, la ley especial del amparo lo fija en 24 horas, sin embargo la parte ha solicitado que lo fuera en un plazo de 10 días. Por lo que, tratándose de un amparo el plazo legal señalado esta justificado por la urgencia, sin embargo teniendo presente la complejidad del asunto y en virtud del principio dispositivo de que goza la parte actora se señalará como se peticionó.
Por lo fundamentos. expuestos y normas Constitucionales y legales citadas, Ley l6.011;
F A L L 0:
I) Ampárase a la Sra. María del Carmen Almeida de Quinteros, en su derecho a la información pretendido y en mérito a ello dispónese .
A.-) Que el Estado - Poder Ejecutivo (M.D.N.) deberá dar cabal cumplimiento al art. 4to de la Ley 15.848 y disposiciones de la Ley 16.724, ordenándose la iniciación de una investigación administrativa tendiente a determinar as, circunstancias de la desaparición y el paradero de la Maestra Elena Quinteros.
B.-) Establécese que el Estado - M.D.N.- dispondrá de un plazo de diez días para disponer lo necesario a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado precedente.
I I ) Las costas y costos se distribuirán en e1 orden causado.
III) Fíjase en $ 4.000 los H.P.F. por el patrocinio Letrado de la parte actora, a los solos efectos fiscales.
IV) Cúmplase en el plazo acordado, en virtud de su eventual apelabilidad sin efectos suspensivos (art. 10 inc. 3 de la Ley Nº 16.011).
V) Expídase testimonio para las partes, repóngase la vicésima y oportunamente devuélvanse los expedientes agregados a la causa a sus respectivos lugares de origen y fecho archívense estos autos.
Dra. Estela Jubette
JUEZ LETRADA.

Escrito presentado el 25/6/1990 al Ministro Juan Andres Ramirez

SOLICITA CUMPLIMIENTO LO ORDENADO POR PODER EJECUTIVO EL 4.8.1987.

Montevideo, 25 de junio de 1990.
Ministerio del Interior
Señor Ministro
Doctor Juan Andrés Ramírez
Presente:
Señor Ministro:
Nelson Lorenzo Rovira, cedula de identidad Nº 748.818-6, con domicilio real en Paraguay 1024, apartamento 2004, constituyéndolo a los efectos de esta presentación en 25 de mayo 555, escritorio 102, en asunto Nº 05691, al señor Ministro, digo:

Que vengo a solicitar el efectivo cumplimiento de lo ordenado por el Poder Ejecutivo, en virtud de las circunstancias y consideraciones siguientes:

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1.- como surge de fs 1 a 4, el 27 de febrero de 1985 presente denuncia ante el juzgado letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8º turno contra los jueces de la Administración de Justicia y funcionarios- policiales o no- por la omisión en proceder o denunciar delito público y notorio, cual fue el secuestro y posterior “desaparecimiento” de Elena Quinteros por policías de particular, sacándola por la fuerza de los jardines de la embajada de la República de Venezuela- hecho que determinó el rompimiento de relaciones diplomáticas entre este país con el gobierno uruguayo.

2. en función de tal denuncia, el Poder Ejecutivo, atento a lo establecido en el articulo 4º de la Ley Nº 15.848, dispuso, por Resolución Nº 21-A de 4 de agosto de 1987, que los servicios a cargo del Ministerio del Interior investigaran lo denunciado- cursando nota la Sr. Ministro, Dr. Antonio Marchesano, bajo la firma del Señor Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, refrendada por el Señor Secretario de la Presidencia, Dr. Miguel A Semino.

3. El 7 de agosto de 1987, el Director General de Secretaria, Dr. Jaime Ruben Sapolinski, por el Ministro y por su orden, decretó el pase a la Jefatura de Policía de Montevideo, para que informe al respecto y, cumplido, siguiera a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia- directamente señalada en mi escrito de denuncia- a los mismos fines.
Diecinueve días después todo estaba diligenciado. Al igual que las otras reparticiones, la recién aludida Dirección estampó, bajo responsabilidad del Inspector Principal Máximo Costa Rocha, su Director, que “no existen antecedentes ni constancia referidas a la persona Elena Quinteros, ni de los hechos que se mencionan”.

El 9 de octubre de 1987 el informante Dr. Roberto Moreira Piegas concluyó que: “De la exhaustiva averiguación realizada no surgen indicios probatorios de que en el infausto hecho que causó la denuncia haya tenido participación las dependencias del Ministerio del Interior” (sic).
Un mes más tarde, el 3 de noviembre, la Presidencia de la Republica, gestionada por el Señor Secretario, Sr. Semino, tomando conocimiento de lo actuado, devolvió el expediente a este Ministerio a efectos de que se notificara, haciéndome saber las resultancias de autos.
La semana pasada me enteraron de la perpetrada en este asunto – trascurrido una pausa administrativa de treinta y un meses.

4. Sin eufemismos ni rodeos: el Ministerio del Interior no cumplió lo ordenado por el Poder Ejecutivo, hizo escarnio de su propia función, se mofó de la ley y, en definitiva, consumó el delito que denunciara –la no proceder-, incurriéndose en el ilícito previsto por el artículo 177 del Código Penal.
Vayamos por partes.
a) No cumplió lo ordenado por el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo dispuso “la investigación de los denunciado”- e investigar implica hacer diligencias para descubrir una cosa, indagar, requerir la presencia y el testimonio de las personas indicadas como presuntamente involucradas en los hechos, buscar indicios, apoyarse en los elementos documentales o testimoniales producidos en torno a la situación de referencia, sintetizar las probanzas eventualmente dispersas.
La circulación de un expediente entre diversas reparticiones policiales que, documentalmente, asentándolo por escrito, repitiendo el mismo cliché, se limitaron a mirare si tenían o no antecedentes del caso, por supuesto, no es “investigación”: es una mascarada. Cuando el Dr. Moreira Piegas se anima a escribir sobre la “exhaustiva averiguación realizada” (conceptualmente, se sabe, “averiguar” es inquirir la verdad hasta ponerla de manifiesto) uno no sabe ya a que atenerse y de quién o quienes se esta burlando.
¿Siguiendo el tránsito de este expediente alguien podría decir, razonablemente, de buena fe, que hubo “investigación de lo denunciado”?
Con toda evidencia, pues, la orden dada el 4 de agosto de 1987 por el Poder Ejecutivo fue desacatada por este Ministerio bajo cobertura de un trámite “por expediente”: las órdenes administrativas deben cumplirse sustancialmente, “agotando los medios”, conforme vías adecuadas a los objetivos señalados y no en la mera apariencia instrumental.
b) La Policía hizo escarnio de su propia función.
Mi denuncia apuntó a un secuestro –seguido de “desaparición” de persona -, a violación de territorio venezolano, a atentado contra la integridad física, la libertad y el honor de representantes diplomáticos.
¿La policía uruguaya investiga “desaparición” de personas, eventualmente homicidios, buscando si en sus archivos existen antecedentes o constancias referidas a las personas o los hechos que se mencionan?
¿La policía uruguaya investiga violaciones de Embajadas (llevadas a cabo por policías) en el circuito cerrado de la propia Policía?
¿La Policía uruguaya investiga atentados contra personal diplomático acreditado en la república preguntándose a sí misma?
La Policía uruguaya injuria su función, hace un fraudulento vaciamiento de su papel social, compromete su credibilidad, nos deja inseguros a todos, siembre la perplejidad general, causa alarma pública, oficia casi de gente provocador, cuando afirma que ha investigado secuestro, “desaparición” de personas, invasión de predios amparados por fuero diplomático y ataque a la integridad física, libertad y honor de representantes de la hermana República de Venezuela, mediante el exclusivo procedimiento de papeleo interno, cuando, a propósito del “caso Elena Quinteros”, “la exhaustiva averiguación realizada” no ha conocido otro ámbito de indagatorias que las propias reparticiones policiales de Jefatura y la DNNI; cuando el notorio delito que motivó rompimiento de relaciones diplomáticas (y el menoscabo de nuestro buen nombre internacional) la ha dejado impávida –en 1976, en 1985, y en 1987 a la fecha.
La policía uruguaya no puede mostrar una “investigación” como la que ahora nos exhiben. Lo notable es que la Presidencia de la República – al tomar conocimiento de lo actuado el 3 de noviembre de 1987 – no percibiera tan homogéneo desorden, tanta clamorosa insubordinación.

c) El Ministerio se mofó de la ley.
El artículo 4º de la ley Nº 15.848 es claro: sobre las denuncias presentadas hasta la fecha de su promulgación referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, el Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones “destinadas al esclarecimiento de estos hechos”, y dentro de determinado plazo (olvidémoslo) “dará cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información recabada”.
“Investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos” “información recabada”: ¿Dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?
El Ministerio se limitó a impulsar el transito de un expediente que en menos de 20 días ya había hecho su completo periplo –olvidándose que debía notificarme ya-, todo sin arriesgar un solo paso fuera de la encubridora intimidad policial.
Este Ministerio se salteó la orden del Poder Ejecutivo ignorando la ley: simplemente. Reforzó la caducidad en el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales amparados por la ley 15.848, decretando, por dejadez, la caducidad de su misión indagatoria y esencialmente policial.
d) Este Ministerio, la Policía, consumó el delito denunciado por mi ante el Juez Penal.
Yo denuncié la omisión en proceder ante delito conocido: el secuestro de Elena Quinteros desde terrenos de la Embajada de Venezuela en Montevideo. Yo denuncié que tal omisión es configurante del ilícito previsto por el artículo 177 del Código Penal. Yo denuncié a personal del Departamento Nº 5 de Información e Inteligencia. Yo denuncié a “funcionarios policiales o no” por una renuencia criminal, cometida en 1976.
El Ministerio del Interior- a través de los funcionarios actuantes en este expediente- estuvo consumando el delito precisamente denunciado, entre 1987 y 1990, porque no precedió tras conocer la denuncia (ni siquiera ya, tras conocer el delito): no investigó, no salió de un mero trámite oficinesco, no cumplió lo ordenado por el Poder Ejecutivo, no se atuvo a sus cometidos policiales, no buscó el “esclarecimiento de los hechos”- como manda la ley- sino que fraguó dolosamente una apariencia de “averiguación” que no pasó de un expedienteo que no resiste el menor y más benévolo examen.
¿O acaso alguien podrá aducir que tan burdo formalismo se aparece a lo que es una real investigación?

5. Presento prueba de mis dichos.
No voy a quedar atrapado en la envoltura de este expediente, de este papeleo que da continuidad a una omisión delictiva- como quedó este Ministerio en “actuaciones” que no son tales-: voy a suministrar documentalmente aportes al esclarecimiento de los hechos, voy a dar a la policía la “información recabada” por otros y que la policía – si realmente es policía- no puede ignorar.
En la Cámara de Senadores, el 2 de julio de 1985 (Primer periodo ordinario de la XLII Legislatura, 42ª sesión ordinaria, punto 9 del Orden del día) el Señor Senador José Germán Araujo efectuó una exposición sobre “Múltiples violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto”. Acompaño reproducción autenticada del Diario de Sesiones.
Se refirió muy precisamente al caso de Elena Quinteros.
Entre tantos pormenores, el Señor Senador Araujo señaló:
-que “el día 24 de junio de 1976 personal del Departamento 5 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia se presenta en el domicilio de la señora Elena Quinteros y allí la detiene”;
- que en el momento del secuestro en la embajada de Venezuela “Elena gritó – y son varios los testigos de este hecho-. Identificando a uno de sus secuestradores: “Este es “Cacho” del Departamento Nº 5”;
- “que en la organización del operativo colaboraron, entre otros, el ya famoso integrante de la OCOA, el Capitán Jorge Silveira”;
-“que sobre la hora 9 del día 28 de junio en el predio militar de Avda Italia y Berro, el Capitán Delcore, acompañado de otros oficiales del Ejercito y de la Policía, convocó a una reunión conjunta de efectivos policiales y militares”;
-“que en dicha reunión fueron elegidas cinco o seis mujeres integrantes de la Policía Militar Femenina, las que debían acompañar en pareja a cinco o seis efectivos policiales y militares- todos vestidos de civil, naturalmente- en un operativo de seguimiento y cacería a realizarse en Bvar Artigas casi Rivera”.
- “que al ingresar Elena Quinteros a los jardines de la embajada, la pareja de represores que se encontraba junto al portón de la Embajada ingresó a ella, tal como lo relataron los diplomáticos de la Embajada, forcejeó con ellos y tras golpear a éstos y a Elena Quinteros, la arrastraron de los cabellos hasta fuera de la Embajada”;
- que “sin ninguna duda, el policía que ingresó junto a una mujer y secuestró a Elena Quinteros se llama Rubén Broncini –alias “Cacho” – tiene 34 años, vive en la calle Ñandubay 3637 casi Gobernador Viana y se trata de un reconocido torturador”;
--que “, como se sabe este señor fue citado a declarar en el día de ayer (1º de julio de 1985) al Juzgado Penal de 1er Turno”;
- que “la mujer que lo acompañaba, es una integrante de la Policía Militar Femenina. Se llama María Severo, es de complexión fuerte, de gran altura, oriunda de Salto y una de las más feroces guardia-cárceles de nuestro país” ;
- que “en la conducción del automóvil volkswagen, color verdoso, en el que fue retirada la Señora Elena Quinteros, se encontraba, acompañado por otra mujer, el referido Capitán Jorge Silveira”;
- “que a las pocas cuadras, Elena Quinteros fue retirada del automóvil ya referido y trasladada a una camioneta del Ejército, de color verde. Todo esto ocurrió en las proximidades de la Avda 8 de octubre”;
-“que desde allí se le trasladó al Regimiento Nº 13 de Avda de las Instrucciones y que allí, durante más de un mes, fue brutalmente torturada”;
-“que el secuestro fue protagonizado, en su instancia decisiva, por el integrante del Departamento 5 Ruben Broncini, alias “Cacho”, y esto se puede confirmar por varias vias” – que el Señor Senador Araujo no dejó de señalar-;
-“que en declaraciones a “El Nacional” de Caracas, el ex Embajador de Venezuela en nuestro país, señor Julio Ramos, el día de julio de 1976 declaró: “El señor Fontana, de Inteligencia de la Policía uruguaya dijo que, efectivamente, había sido un oficial a sus orden quien protagonizo la irrupción violenta al recinto de la Embajada”;
-que, entre tantos otros torturados salvajemente por su mano, el actual Señor Diputado Gonzalo Carámbula puede reconocer perfectamente a Ruben Broncini.
¿Podía desconocer la Policía uruguaya de 1987-1990 esta exposición acusatoria de 1985?
¿En la investigación para el esclarecimiento de los hechos no están definitivamente marcados los personajes, los lugares y las respectivas conductas?
¿Por qué la Policía uruguaya omitió citar al Señor José Germán Araujo para profundizar en la indagatoria – de éste? Por qué no llamó a declarar al Capitán Silveira? ¿Por qué no procuró el testimonio de Fontana? ¿Por qué ignoró el señalamiento que se hacía de Broncini y de María Severo¿ ¿Por qué no solicitó datos e informes al Juzgado en lo Penal de Primer Turno?
En fin, porque omitió proceder (consumando, según dije, el delito previsto por el artículo 177 del Código Penal).
Antes y después de esta notoria exposición, difundida públicamente, se multiplican dichos y hechos propiciatorios de la investigación mandada por la ley, ordenada por el Poder Ejecutivo e incumplida por este Ministerio hasta ayer nomás, verbigracia, las publicaciones de 22 de enero y 7 de mayo del semanario “Dignidad”, el reconocimiento realizado por “Cacho” Broncini en la revista “Punta del Este” del 30 de agosto de 1985 que “desde el momento que ingresé, el 1973, siempre estuve en Inteligencia”, las declaraciones del soldado Ariel López Silva el 12 de junio de 1985 ante la Comisión Investigadora Sobre Personas Desaparecidas y Causas que la Motivaron esta situación, de la Cámara de Representantes –Comisión que yo integré- y el día 21 del mismo mes, ante el Juzgado Letrado en lo Penal de Tercer Turno, el asunto RM 201/87 del Ministerio de Relaciones. ¿A que se ?debe que en un caso tan debatido a nivel nacional e internacional, este expediente ignore en 1987 lo que era público y notorio en 1985?
Una de dos: o la Policía uruguaya es completamente ineficaz, ignorante de los mas elementales rudimentos de la labor que la sociedad le encomienda, incapaz de investigar delitos (así se les señale a los involucrados más directos) – y entonces será preciso alertar a la población del riesgo que corremos todos con tamaña incompetencia-, o por el contrario, omitió cumplir las obligaciones funcionales – delinquiendo.
Por lo expuesto, al Señor Ministro, SOLICITO:
1) Me tenga por presentado y constituido el domicilio.
2) Se sirva disponer el efectivo cumplimiento de lo ordenado por el Poder Ejecutivo el 4 de agosto de 1987, conforme artículo 4º de la Ley Nº 15.848, mandando “la investigación de lo denunciado”.
3) Oportunamente se me dé cuenta del resultado de estas investigaciones, poniendo en mi conocimiento la información recabada, así como a la madre de Elena Quinteros, doña María Almeida de Quinteros.

José Luis Bauggartner
Abogado

Nelson Lorenzo Rovira

(Presentado el 25 de junio de 1990 ante el Ministerio del Interior Sector Registro)